- La formación considera urgente que el consejero De la Cierva ofrezca explicaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno que acabaron en 2006 endosando a los murcianos un ruinoso negocio de 600 millones a cuenta de la planta desaladora
- «Como siempre, el capitalismo de amiguetes del PP lo acabaremos pagando todos los ciudadanos con más impuestos, menos inversión y peores servicios públicos», señala el portavoz regional, Miguel Sánchez
Ciudadanos ha advirtió ayer al presidente López Miras de que el caso de la desaladora de Escombreras «puede acabar con un nuevo imputado sentado en el Consejo de Gobierno». El portavoz regional, Miguel Sánchez, considera que la investigación de la Fiscalía confirma lo ya avisado a través de la Comisión de Investigación que presidió Ciudadanos. «Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera en el momento en el que tuvieron lugar dichas ‘maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes’ miembro del Consejo de Gobierno como consejero de Presidencia y portavoz. Máxime teniendo en cuenta que la Fiscalía no descarta ampliar la nómina de imputaciones. Las decisiones que se investigan no son solo de una consejería, en este caso la de Agricultura, sino varios de los acuerdos que permitieron que la Administración regional acabara asumiendo la ruinosa gestión y explotación de la desaladora de Escombreras, que había tenido un origen privado, se adoptaron por el Consejo de Gobierno en el que se sentaba De la Cierva a la derecha de Valcárcel», ha señalado Sánchez.
«Ya advertimos del ruinoso negocio de la desaladora, y en las conclusiones de la comisión de investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apuntaba a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá, que ahora vemos que podría extenderse todavía más y acabar manchando al actual Gobierno regional», ha añadido el portavoz naranja, que considera que el quebranto económico «es comparable a los EREs de Andalucía, ya que estamos hablando de 600 millones de euros. Como siempre la fiesta la pagaremos todos los murcianos con más impuestos y menos servicios. Es sal en la herida abierta del déficit, la deuda, el despilfarro, el descontrol del gasto y el capitalismo de amiguetes. La desaladora de Escombreras ha supuesto para las arcas públicas tener que pagar más de 600 millones de euros por comprar a plazos una instalación que había costado 111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento que nos hipotecan casi de por vida».
Sánchez también ha mostrado su preocupación por el hecho de que el presidente López Miras «haya visto echado por tierra su supuesto intento de desvincularse del pasado y de una gestión del PP que oscila entre pésima y directamente bajo sospecha de corrupción. De un plumazo, la Fiscalía acaba de invalidar todo ese postureo de regeneración al señalar a uno de los máximos responsables del Gobierno que aprobó la supuesta trama de la Desaladora de Escombreras, y al que el presidente iba a confiar la gestión de las arcas públicas».
«Nadie da nada a cambio de nada. Nos preocupa que esto solo sea la punta del iceberg y que la corrupción llegara a niveles más profundos y a instancias más altas que las que por ahora están ya imputadas en este asunto. Una corrupción de la que los murcianos están hartos, como demuestran los datos de todos los barómetros, y que va a pasar una dura factura al PP en las próximas elecciones, porque los ciudadanos no se creen ya nada de su discurso de presunta regeneración», ha finalizado el portavoz regional de Ciudadanos.