El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la cesión gratuita de viviendas y el realojo de familias vulnerables en situación de exclusión social y residencial prolongada. La medida se enmarca en el Programa de Actuación y Acompañamiento al Realojo de Familias (Pares), cofinanciado por la Comunidad y por fondos europeos.
Según lo aprobado, la Comunidad cederá al Ayuntamiento las viviendas que adquiera en el municipio con el compromiso de destinarlas al realojo de familias que viven en asentamientos chabolistas o en infraviviendas. El objetivo del acuerdo es facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas y avanzar en la integración social de hogares que arrastran una situación de exclusión social y residencial prolongada.
En el marco de esta iniciativa, el Gobierno regional señala que ya ha adquirido 100 viviendas por un importe superior a 10 millones de euros en distintos municipios de la Región de Murcia. San Pedro del Pinatar figura entre los municipios beneficiarios de la adquisición de viviendas en la actual convocatoria de Pares.
Tras la cesión, el Ayuntamiento asumirá la titularidad de los inmuebles y su mantenimiento, además de formalizar los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias. El convenio contempla garantizar el acompañamiento social necesario para que el realojo sea un proceso estable y con seguimiento, más allá del traslado a una nueva vivienda.
El acompañamiento y seguimiento se realizará a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y de los Servicios Sociales municipales, con el fin de apoyar a las familias realojadas y favorecer su plena integración social. La medida se orienta a combatir el chabolismo y la infravivienda y a mejorar la integración social de los colectivos más vulnerables.
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026–2028, una hoja de ruta que desplegará 232 medidas, de las cuales 140 serán nuevas iniciativas. El documento plantea tres retos: disminuir los niveles de pobreza y exclusión, dar cobertura a los colectivos en situación de vulnerabilidad y coordinar de manera eficaz las políticas de las distintas administraciones en materia de prevención y lucha contra la pobreza.